Zona Pública Aedave,por dentro Solicitud de ingreso en Aedave Inf. Empresarial Inf. Legislativa Búsqueda de agencias Informes Especiales Varios Seguros de Viaje Bolsa de Empleo Foros Servicios Libro de Visitas Noticias de Prensa Acerca de Sadave   Búsqueda   Zona Privada Entrada a la Zona Privada

Web desarrollada por:
Pipeline Software

TURISMO E IMPACTO AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN.

Que la actividad turística en España ha supuesto y supone un impacto ambiental definido y constatado es algo tan obvio como negar que cualquier otro tipo de actuación humana no la tiene. Agricultura, industria, transportes o comercio ocasionan en mayor o menor medida, con la adopción de más o menos correcciones ecológicas, alteraciones en el entorno natural. Hasta el turismo más pretendidamente ecológico, aquél que permite un solaz paseo por un tranquilo bosque otoñal con poco más equipaje turístico que una mochila y unas botas puede resultar dañino (compactación de los nutrientes del suelo al caminar por senderos no señalizados, realizar el paseo cerca de zonas de cría de especies, hacer fuego para calentar la comida...) si previamente no está bien planificado y el turista no se rige por unas normas de conducta.

Planificación. Esa es la palabra clave. Planificación y evaluación de impacto ambiental. A nadie se le escapa que la imagen más ilustrativa de lo que ha supuesto un turismo mal planificado y desarrollista, donde términos como sostenibilidad o medio ambiente no tenían cabida, aparece a lo largo de toda la costa española, donde se asienta gran parte de la oferta turística española. El nuevo jefe de Medio Ambiente de la Organización Mundial del Turismo, el chileno Eugenio Agnus, es claro en este sentido: "es indudable que el futuro del turismo depende del futuro del medio ambiente. Sin un entorno limpio el turismo no puede existir y sin una sensibilización ambiental el turismo podría convertirse en una amenaza ecológica". Con los datos en las manos, determinado turismo ya es una amenaza ecológica.

"Las costas españolas soportan una tremenda presión turística y económica, donde la densidad de población es diez veces superior a la del interior del país". Estas palabras no proceden de ninguna organización ecologista, aunque también se manifiesten en los mismo términos, sino del director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, Fernando Marín. Y va más allá demostrando que la sensibilidad ecológica a la que apela el señor Eugenio Agnus todavía queda lejos: "lo aconsejable sería planificar siempre al interior, pese a que la demanda es la contraria".

Ni siquiera la Ley de Costas de 1988 (ver Normativa sobre turismo y medio ambiente), admirada y halagada en su día incluso desde el exterior, ha servido para frenar lo que en un preámbulo lleno de lágrimas ecológicas se resumía:

"...en la orla litoral, de una anchura de unos cinco kilómetros, que significa el 7 por 100 de nuestro territorio, la población española, que era a principios del presente siglo del orden del 12 por 100 de la población total, es actualmente alrededor del 35 por 100, con una densidad cuatro veces superior a la media nacional (recordar las palabras de Fernando Marín, ahora es diez veces superior). Esta proporción llega a triplicarse estacionalmente en ciertas zonas por la población turística, ya que el 82 por 100 de ésta se concentra en la costa.

En resumen, puede decirse que se está produciendo un acelerado proceso de traslado de población desde las zonas interiores al litoral, de forma que alrededor de un 40 por 100 de la costa española ya está urbanizada o tiene la calificación de urbanizable, un 7 por 100 de ella está dedicada a instalaciones portuarias, un 3 por 100 a instalaciones industriales y un 8 por 100 a usos agrícolas, no teniendo aún el 42 por 100 usos claramente definidos o irreversibles. A esta situación se ha llegado, en general, en actuaciones inconexas, sin la necesaria coordinación entre la legislación del dominio público marítimo y la del suelo, sin tener en cuenta la interacción tierra-mar, ni la necesidad de establecer medidas que garanticen la conservación de estos espacios singularmente sensibles al deterioro, ni los costes externos a la propia acción ni la rentabilidad o valor social del medio.

Diversos son los factores que han incidido negativamente sobre la conservación de este escenario natural, revalorizado por el cambio de las costumbres humanas y por la civilización del ocio como fenómeno de masas. Por una parte, la disminución de los aportes sólidos de los ríos y arroyos ha ocasionado la regresión del 17 por 100 de costa (...) A este olvido de que los áridos son un recurso escaso, con un largo y costoso proceso de renovación, hay que añadir la destrucción de dunas litorales, las extracciones abusivas de áridos y, en muchas ocasiones, la ejecución de obras marítimas sin tener en cuenta sus perjudiciales efectos, con barreras que bloquean el flujo de arena a lo largo de la costa.

Se ha producido además con demasiada frecuencia la desnaturalización de porciones del dominio público litoral, no sólo porque se ha reconocido la propiedad particular, sino por la privatización de hecho que ha supuesto el otorgamiento de determinadas concesiones y la carencia de accesos públicos, con el resultado de que ciertas extensiones de la ribera del mar han quedado injustificadamente sustraídas al disfrute de la colectividad.

Entre los casos más lamentables de degradación física puede citarse la destrucción de los más importantes núcleos generadores de vida en el medio marino, las marismas. Muchos de estos espacios vitales para producción orgánica y biológica han sido destruidos bajo pretendidos motivos sanitarios, económicos o agrícolas, incluso con subvenciones económicas y exenciones tributarias, habiendo siendo dedicados realmente a una edificación especulativa.

Las consecuencias del creciente proceso de privatización y depredación, posibilitado por una grave dejación administrativa, han hecho irreconocible, en numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace más de treinta años, con un urbanismo nocivo de altas murallas de edificios al mismo borde de la playa o del mar, vías de transporte de gran intensidad de tráfico demasiado próximas a la orilla, y vertidos al mar sin depuración en la mayoría de los casos".

El resumen fue caótico y, sin embargo, diez años después, la cosa sigue igual. Fuentes de la Dirección General de Costas afirman que el preámbulo de la nueva ley corregirá, pero al alza, los impactos señalados en la del 88, porque se ha seguido haciendo más de lo mismo.

El propio director general de Costas, acompaña con ejemplos esta degradación. Uno de ellos está presente en las urbanizaciones de Isla Canela, en Huelva. Para Fernando Marín, "esta isla está bajo el efecto de la sombra del dique construido en la desembocadura del río Guadiana, limítrofe con Portugal, debido a que acumula toda la arena en la parte lusa e impide que ésta llegue al otro lado español y por lo tanto cada vez hay menos arena en sus playas. La regresión de esta zona alcanza cinco metros de tierra al año y llegará un momento en que el agua se adentre en una de las urbanizaciones de primera línea de playa. Una de las soluciones sería ampliar la playa con nueva arena pero el mar volvería a retirarla y perjudicaría a los yacimientos de sedimentos submarinos, lo que a su vez afectaría a la actividad pesquera. Sería más acorde retirar dicha urbanización, pese al impacto social y al choque de intereses económicos que ello supondría".

Fernando Marín también enumera La Manga del Mar Menor (Murcia), la Albufera (Valencia), el Delta del Ebro (Tarragona), zonas de Almería y especialmente Castellón como lugares de la costa española en los que habría que modificar los actuales modelos de turismo y sus planificaciones urbanísticas. En el caso de Castellón "el problema de la subida del mar y de la regresión es muy importante ya que no afectará sólo a la playa sino más al interior, debido a que es un lugar situado casi al nivel del mar". Si a todo esto añadimos las previsiones de la subida del nivel del mar derivadas del cambio climático provocado por el efecto invernadero, según confirman más de 2.500 científicos integrados en el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, las personas y construcciones afectadas pueden aumentar aún más.

Ultimas palabras de Fernando Marín: "la situación de Isla Canela puede reproducirse en otras zonas de España donde los intereses turísticos de ayuntamientos, promotoras, diseñadores y del propio ciudadano han llevado a construir en zonas que son del mar y que el mar recupera con los años. Es necesario que la sociedad se conciencie de que no debe tener una casa en primera línea de playa, porque corre el riesgo de que esa zona desaparezca". A pesar de todo, a finales de 1997, los buzones todavía se llenan con ofertas de apartamentos ¡a 50 metros de la playa!.

Más datos sobre impacto ambiental del turismo, de nuevo aportados desde la propia administración. Una noticia aparecida en el diario El País, de 28 de octubre de 1997, en su página 27 de la sección de Sociedad, tenía el siguiente titular "Ningún puerto del Mediterráneo regenera las playas que destruye". La fuente de información era Carlos Peña, subdirector general adjunto de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. De dicha información se pueden sacar los siguientes extractos:

Se puede recurrir a otras fuentes, como la Organización para la Cooperación y Desarrollo en Europa (OCDE), que en un informe titulado "Gestión de zonas costeras. Políticas integradas" analiza con la misma severidad el impacto ambiental del turismo de sol y playa. En el apartado dedicado a España incide en que "la urbanización ha llevado a la desaparición de franjas de dunas y como consecuencia a la inestabilidad de las tierras más próximas al mar". La concentración en espacio y tiempo del turismo también merece unas líneas por parte de la OCDE: "la intensa especialización turística crea diferencias considerables entre poblaciones de invierno y de verano (de 1 a 20 en ciertos casos); por consiguiente, el conjunto de servicios municipales debe satisfacer las necesidades de una población que sólo reside en el lugar uno o dos meses al año".

El informe de la OCDE sirve también para focalizar, de manera general, los impactos derivados de la actividad turística:

- Pueden contribuir a la contaminación atmosférica, debido principalmente a los medios de transporte (automóviles y autocares). En ciertas regiones, esta contaminación se añade a la contaminación que ya producen otras actividades no turísticas. En ciertas condiciones climáticas puede manifestarse mediante una calina fotoquímica poco soportable.

- Pueden aparecer igualmente serios problemas de circulación en las estaciones turísticas costeras, cuando una cadena de montañas limita la circulación rodada sobre una franja costera muy estrecha.

Aunque no resulta muy comprensible la ambigüedad del término "pueden" frente a hechos consumados que, como en el último punto, la OCDE reconoce como evidentes, el diagnóstico parece completo.

La persistencia en fomentar este modelo de turismo puede acabar con él sino se toma en serio y se asume la necesidad de respetar el entorno y si no se cumplen las leyes que hablan de desarrollo turístico compatible con la conservación de la naturaleza. Después de haber fracasado en el intento de enmendar errores durante los años ochenta y noventa, la entrada del nuevo siglo puede ser el marco ideal para el cambio, sobre todo porque los turistas y los tour operadores que les traen empiezan a sensibilizarse de verdad con las cuestiones ecológicas. El Instituto de Estudios Turísticos, al que nos referiremos más adelante en el apartado de Ideas y Programas de Turismo Sostenible, ha constatado que importantes touroperadores, principalmente alemanes, pero también ingleses, que mueven a millones de turistas por toda Europa, empiezan a exigir a los destinos turísticos españoles indicadores reales de respeto por el medio ambiente. Hay que tener en cuenta, pues, que hoteles, ayuntamientos, puertos deportivos, urbanizaciones, apartamentos y otros lugares de ocio van a contar cada vez menos con el cómplice desconocimiento de la realidad ambiental por parte de los turistas.

Bajando al terreno concreto de los impactos ambientales dibujados en la geografía española por la acción turística, en los siguientes puntos aparece una muestra que puede ser representativa de los daños al medio natural.

Según datos del Departamento de Psicología Social de la Universidad de La Laguna de Tenerife, la isla de Lanzarote soporta el parque móvil más alto por metro cuadrado de toda España, en un territorio diez veces más pequeño que la provincia de Madrid.

Según las mismas fuentes, también los hábitats naturales del litoral son los que han sufrido el mayor impacto de los asentamientos turísticos. Se citan como ejemplos la isla de Fuerteventura, donde se han destruido las mejoras zonas de maretas y vegetación halofíticas de la península de Jandía; lo mismo sucede en Gran Canaria (concretamente en Maspalomas), donde apenas queda vida natural silvestre; y en Tenerife, donde prácticamente han desaparecido las zonas aptas para las aves migratorias.

La ocupación del suelo para el desarrollo turístico ha invadido también zonas cultivables que marcaban el paisaje típico canario, como las plataneras. En algunos municipios, como el Puerto de la Cruz en Tenerife, la reducción del cultivo por construcción de hoteles ha superado el 40 por 100.

Por otro lado, la singularidad del paisaje isleño y la tradición turística hacen que los parques nacionales canarios sean de los más visitados. El problema es la falta de adecuación y control de las visitas, sobre todo en el Teide. Según relata Miguel del Reguero Oxinalde en su libro "Ecoturismo. Nuevas formas de turismo en el espacio rural", son frecuentes las basuras, el riesgo de incendios, la predación de fauna y flora, el pisoteo y las molestias a las aves en época de cría. En concreto habla de los profundos surcos abiertos en la parte alta del cono del Tedie, provocados por los visitantes, que afean el paisaje volcánico.

María Paz Such Climent, en el libro "Turismo y medio ambiente en el litoral alicantino" enumera y localiza con precisión el impacto de determinadas obras turísticas:

- antiguas concesiones del dominio público para vivienda de veraneo en El Portichol, El Pinet-La Marina y Guardamar, todas ellas sin conexión con la red de alcantarillado, por lo que los vertidos acaban en el subsuelo contaminando los acuíferos.

Sobre este último espacio natural protegido, literalmente cercado por urbanizaciones, conviene recordar que el proyecto de Plan Rector de Uso y Gestión mantenía una franja de protección de 500 metros para limitar actuaciones urbanísticas que incidieran sobre los valores ecológicos y paisajísticos de las lagunas. El Ayuntamiento de Torrevieja consiguió reducir dicha franja a 100 metros.

El libro de María Paz Such ilustra claramente cómo a la hora de construir determinadas urbanizaciones se saltan todas las normativas legales existentes, que a veces puede ocasionar desgracias, como la ocupación ilegal de ramblas y cauces fluviales que sucumben en las inundaciones. Un ejemplo de esta invasión aparece en los chales construidos en el cauce en el barranco que desemboca en la Cala de la Granadella o en la Rambla del Tío Pepe en la Torre de la Horadada.

En cuanto al consumo de agua, la Fundación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha criticado el sistema de riego de los campos de golf de la Comunidad Valenciana. Concretamente se ha cifrado el consumo de agua de los diez campos existentes en Alicante en casi 5,5 millones de metros cúbicos al año. A esto se unen las limitaciones existentes en la depuración de aguas residuales, con poblaciones costeras como Calpe, Finestrat, Denia, Moraira o Benissa carentes aún de estaciones depuradoras de agua.

Recientemente, representantes de la Comisión Europea estuvieron en Madrid analizando diversos casos de espacios naturales que tienen denuncias presentadas ante la Unión Europea por violar algunas directivas comunitarias. Entre ellos se encuentran zonas tan famosas como las marismas de Santoña, el delta del Llobregat o el delta del Ebro, la primera con una sentencia condenatoria en firme desde el Tribunal de Justicia Europeo y las tres con complejos turísticos asentados o por asentarse en sus límites o áreas de influencia.

El delta del Llobregat se ve amenazado por la ampliación del aeropuerto y puerto de Barcelona. Aunque hasta ahora no se ha mencionado, el tráfico aéreo es el más contaminante del planeta. Sus emisiones afectan tanto a la destrucción de la capa de ozono como a la creación del efecto invernadero. Por otro lado, los grandes aeropuertos turísticos, como los de Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife o Gran Canaria, son un foco emisor de ruidos que se mantiene día y noche.

Otras zonas húmedas del litoral, como la ría de Gernika o las marismas del Ampurdán han vivido momentos de tensión. En el segundo espacio, las marismas están situadas en la desembocadura de los ríos Muga y Fluviá y cerca de la Costa Brava. En su día se llegó a construir allí parcialmente una urbanización llamada Ampuriabrava.

El Parque Nacional de Doñana ha mantenido y sigue manteniendo un serio pulso con las iniciativas de construir complejos turísticos en sus alrededores, que ocasionarían graves impactos al régimen hídrico que sustenta este espacio emblemático de la naturaleza española y europea. Primero fue la construcción de urbanizaciones en Matalascañas, luego la amenaza de Costa Doñana con 20.000 plazas hoteleras previstas y ahora Country Golf en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Aunque muchos expertos han coincidido en que el famoso proyecto apadrinado por el aristócrata Alfonso de Hohenlohe no supondría un impacto ambiental significativo, su visto bueno serviría de agravio comparativo con respecto a otros proyectos de urbanizaciones desechados en la provincia de Huelva.

Aunque el turismo de sol y playa sea el responsable de la mayor parte de la degradación ambiental, en el interior, y en ocasiones provocado por un turismo supuestamente respetuoso con el medio ambiente, también se dan casos de incompatibilidades normalmente asociadas con la práctica de algún deporte.

El ejemplo más claro procede del turismo de invierno y en especial de la práctica del esquí. La escasa permanencia de la nieve en nuestras montañas y el limitado número de cumbres nevadas ha hecho de la innovación artificial un recurso contestado por organizaciones ecologistas, que insisten en lo perjudicial que resulta para los neveros de alta montaña y los cursos altos de los ríos. Por otro lado, la construcción de pistas de esquí lleva consigo una continua renovación año a año motivada por la necesidad de ofrecer nuevos atractivos a los visitantes. Así, nuevas pistas con nuevos remontes, mejores accesos, esquí nocturno o adaptación de pistas para snowboard, provocan nuevas fricciones con el entorno. Según la Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), de Cataluña, señala que la estación de Baqueira-Beret, que ya consiguió limitar la protección del Parque Nacional de Aigüestortes para futuras ampliaciones de sus instalaciones, ha sido la principal causante de la desaparición de la perdiz nival de la zona o de que la población de urogallo se haya visto seriamente comprometida con la construcción de las pistas de Port Ainé, en el Pallar Sobirá leridano. El Fondo Mundial de la Naturaleza/ADENA, por su parte, advierte que la continua ampliación de las pistas de Valdelinares en la sierra de Gúdar (Teruel) puede acabar con uno de los bosques de pino negro mejor conservados.

Otro grave efecto sobre el entorno lo provocan las excursiones de coches todo terreno, algunas de ellas celebradas sin obtener los oportunos permisos, como ha ocurrido con casos detectados en la sierra de Guadarrama, entre Madrid, Segovia y Avila. Ruido, emisiones contaminantes y erosión del suelo son algunos de los impactos provocados por estos vehículos, lógicamente amplificados cuando forman caravanas. La importancia de esta modalidad de desplazamiento por medios naturales ha conllevado que algunas comunidades autónomas legislen sobre la materia.

El parapente, que tiene prohibida su práctica durante la época de cría de aves que nidifican en paredes rocosas, el barranquismo o descenso de cañones, con manifiestos efectos negativos en varias sierras oscenses, las diferentes modalidades de descenso de rápidos (rafting, hidrospeed, hidrobob) o incluso la bicicleta de montaña, que en ocasiones invade de manera incontrolada caminos y senderos tradicionales utilizados por senderistas, han repercutido gravemente sobre algunos espacios donde previamente no se ha logrado una planificación de estas actividades.

La aglomeración o masificación tampoco es patrimonio exclusivo de las playas. Lugares como el hayedo de Montejo o La Pedriza en Madrid, Muniellos en Asturias o las hoces del Duratón en Segovia se han visto obligados a restringir el número de visitantes debido a la carga que suponían para los espacios mencionados. En este aspecto, quizá la mala costumbre del turista español, principal visitante de nuestros espacios naturales del interior peninsular, de no practicar el senderismo y depender del coche para acceder hasta donde le dejen permite la excesiva concentración de personas en un punto concreto de los parajes. Esta limitación, unida a la sempiterna falta de planificación de los gestores de determinados espacios ofrece ejemplos ilustrativos en la garganta del Cares (Picos de Europa), el nacimiento del río Mundo (Albacete), el cañón del río Lobos (Cuenca), lago de Sanabria (Zamora) o el bosque de Irati (Navarra).